CORTE INTERAMERICANA ORDENA A COSTA RICA LEGALIZAR MATRIMONIO GAY

El criterio es extensivo para otros 20 países que reconocen la competencia contenciosa de la CIDH, entre ellos Nicaragua.

La vicepresidente de Costa Rica, Ana Helena Chacón, declaró que el criterio de la Corte salda una deuda histórica con las personas LGBTI, pues "se les trató como personas sin derechos".
La vicepresidente de Costa Rica, Ana Helena Chacón, declaró que el criterio de la Corte salda una deuda histórica con las personas LGBTI, pues “se les trató como personas sin derechos”. (Foto: Presidencia Costa Rica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alonso Mejía- El pasado martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Costa Rica garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.

La Corte hizo la notificación al Gobierno de Costa Rica ante una consulta que le hizo Casa Presidencial sobre los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexsuales).

LO QUE DICE LA CORTE

“El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”, resolvió Por unanimidad, la IDH.

“Es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”, sostuvo.

Dentro de la argumentación, la Corte dice: “Para ello (garantizar los derechos), podría ser necesario que los estados modifiquen las figuras existentes a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas (las figuras jurídicas) a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna”, argumentó el alto tribunal.

Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, dijo que el resultado de la consulta es de acatamiento obligatorio no solo para Costa Rica, sino para todos los países que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

GOBIERNO TICO DICE QUE ACATARÁ CRITERIO DE LA CIDH

La vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, quien se encargó de enviar la consulta a la Corte, anunció el miércoles que el Gobierno acatará, en su totalidad, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es valiosa la ocasión para reiterar el profundo respeto a la Corte”, dijo Chacón, en torno a la potestad de ese órgano para la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La vicepresidente declaró que, con este criterio, se salda una deuda histórica con las personas LGBTI, pues “se les trató como personas sin derechos” y, ahora, esto permitirá que las futuras generaciones “crezcan sin miedo”.

TENDRÁN DERECHO A CAMBIO DE IDENTIDAD

Los altos jueces determinaron que el Estado debe garantizar un trámite expedito para que las personas que deseen corregir “la anotación del género” lo hagan con un trámite con las siguientes características:

  1. a) Enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida.
  2. b) Basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes.
  3. c) Debe ser confidencial.

Además, en los registros oficiales no debe quedar constancia de que una persona modificó sus documentos a partir de su identidad de género.

Hace dos años, el 17 de mayo del 2016, Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, pidió a la Corte aclarar si la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) consagra derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo, y si es necesario que una figura jurídica regule esos vínculos. Además, consultó si protege el derecho a cambiar de nombre según la identidad de género.

La opinión consultiva fue confirmada al diario La Nación por Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial.

“Muy positiva. Básicamente reconoce con mucha amplitud los derechos a la identidad de género como orientación sexual, en cuanto a derechos patrimoniales y otros no patrimoniales. Es bastante, bastante amplia y fuerte la consulta”, dijo Carvajal.

La audiencia en la que el Estado y activistas latinoamericanos de la comunidad LGBTI presentaron sus alegatos se realizó los días 16 y 17 de mayo del año pasado en las instalaciones de la Corte, en San José.

Para emitir su criterio, los jueces contaron con las opiniones que remitieron ocho países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Conferencia Episcopal y otras 80 entidades, organizaciones y activistas de todo el continente.

El pronunciamiento de la Corte es de acatamiento obligatorio para Costa Rica, uno de los 25 estados que ratificaron la CADH, de 1969, y está entre los 20 que reconocen la competencia contenciosa de la Corte. La Convención, además, tiene una autoridad superior a las leyes de la República de Costa Rica.

ORDEN DE LA CIDH INCLUYE A NICARAGUA:

La orden se extiende a los 20 estados que reconocen la competencia contenciosa de la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Algunos de estos, como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México (en algunos estados), ya garantizan este derecho.

 

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