Presidente Alvarado enfrenta huelga contra reforma fiscal

REDACCIÓN, San José- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se enfrenta desde ayer a una huelga indefinida en oposición al proyecto de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, como medida para hacerle frente a la aguda crisis fiscal del país. Pese al llamado al diálogo que hizo a los gremios, la huelga se dio, y logró provocar afectaciones en servicios de salud y educación, y la interrupción momentánea del servicio de trenes y bloqueos en diversas carreteras del país.

Además, 24 instituciones ya acudieron a tribunales de trabajo para solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga. La Caja Costarricense de Seguro Social remitió al Juzgado de Trabajo las pruebas de la afectación a los servicios esenciales de salud y la lista de funcionarios que se unieron al movimiento durante el primer turno del lunes.

Por su parte, el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José confirmó la recepción de prueba suficiente y advirtió que las organizaciones gremiales tienen tres días hábiles para apersonarse, si desean justificar el movimiento de huelga.

CRISIS. La grave crisis fiscal que atraviesa Costa Rica podría obligar a incrementar los impuestos para mitigarla. (Foto LNP.)
CRISIS. La grave crisis fiscal que atraviesa Costa Rica podría obligar a incrementar los impuestos para mitigarla. (Foto LNP.)

Según el artículo 383 del Código de Trabajo costarricense, para realizar la declaratoria de ilegalidad de una huelga debe quedar demostrado que no se cumplieron los requisitos dispuestos por los artículos 371, 377 y 381.

El artículo 371 señala que “la huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo”.

Además deben haberse agotado las posibilidades de negociación, según el artículo 377. Finalmente, el 381, señala que el movimiento debe haber sido decidido por la Asamblea General del sindicato que representa al menos al 50% de los trabajadores de una empresa.

En este caso los gremios sindicales habrían incumplido lo estipulado en el artículo 377 al no haber aceptado las invitaciones al diálogo. Si esto se corrobora, el trabajador tiene 24 horas para reincorporarse a su puesto, de lo contrario, empiezan a correr los rebajos de salarios.

Entre las empresas estatales que solicitaron la ilegalidad de la huelga están la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Correos de Costa Rica, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

En conferencia de prensa el presidente de la República, Carlos Alvarado, advirtió que no negociará con los manifestantes mientras haya afectación en servicios públicos y vías de comunicación.

“No entraremos a dialogar mientras haya movimientos que lo único que hagan es afectar a los y las costarricenses. El diálogo siempre ha estado abierto y es improcedente afectar a personas que van a trabajar o que van a clases”, declaró.

 

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